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Rechazo de forma categórica la condena
proferida por un juez colombiano en mi contra. Nunca he sido, ni seré un “terrorista”,
“explosivista”,” bombardeador de centrales eléctricas” como dice su fallo. Nada
más absurdo que eso. En toda mi carrera, cuya huella es pública y notoria, sólo
he bombardeado a la mentira con lo que mejor sé hacer: escribir la verdad.
En 2005 representé en Colombia como
corresponsal a la multiestatal teleSUR, hasta el año 2007, cuando salí de la
cárcel, acusado de rebelión por fiscales espurios. En ese tiempo un juez
valiente determinó que el testimonio de tres, cinco, diez, o cien hombres condenados
a pudrirse en los intestinos del sistema judicial colombiano, a cuarenta años
de cárcel, y motivados por promesas de rebajas de penas, no eran suficientes
para acusarme, menos aún para condenarme.
Hoy, con esas mismas pruebas: los
testimonios de hombres coaccionados y en desgracia, un juez decide condenarme a
pagar 15 años de cárcel por hechos cuyos autores son confesos y están
condenados desde hace tiempo.
Esta condena evidencia que mis denuncias
siguen vigentes: la Fiscalía, y una buena parte del Sistema Judicial colombiano
están al servicio del narcotráfico y del paramilitarismo, para judicializar y
disminuir a la resistencia social en Colombia.
Miriam Martínez Palomino, la fiscal que me
acusó inicialmente durante este proceso, es un personaje funesto de la
“justicia” colombiana, famosa por archivar el sonado proceso de los campesinos
desplazados, víctimas del paramilitarismo en Las Pavas, Sur de Bolívar. (Ver http://www.lasillavacia.com/historia/los-sonados-casos-de-la-fiscal-que-no-les-creyo-los-campesinos-de-las-pavas-30278)
Martínez Palomino, condenada por sus
decisiones contra el patrimonio público, tomadas en el caso del desfalco de
Foncolpuertos, y responsable, por su impericia intencional, de la salida de
Alfonso Hilsaca de la cárcel, es junto al fiscal Demóstenes Camargo de Ávila, y
el ex director de Fiscalías en Cartagena, Jaime Cuesta Ripoll, parte del equipo
de narco-para fiscales manejados por el
ex jefe paramilitar de los Montes de María, Rodrigo Mercado Pelufo, y el ex
fiscal general Luis Camilo Osorio, durante la presidencia de Álvaro Uribe
Vélez.
La condena en mi contra es un estertor de
la presencia uribista y paramilitar en nuestro entorno judicial.
Cuando fui detenido en el aeropuerto El
Dorado, el 19 de noviembre de 2006, la orden de captura en mi contra estaba en
los sistemas del DAS desde el 3 de noviembre de ese mismo año, y yo salí del
país, con esa orden vigente, el 6 de noviembre, tres días después.
Los organismos de inteligencia decidieron
hacerla efectiva a mi regreso de Caracas, para involucrar y perjudicar el
nombre de la multiestatal teleSUR y al Gobierno venezolano con mi captura por
rebelión y terrorismo.
Hoy este fallo condenatorio, que estaba
listo en agosto de este año, es publicado a una semana de haberse dado los
resultados electorales en Venezuela, y a dos días de iniciarse formalmente en
Oslo el inicio de unos nuevos acercamientos de paz con la insurgencia
colombiana.
Condeno esta decisión judicial por ser una
persecución a mi público disentimiento con el sistema que nos ha gobernado
siempre, por mis denuncias frontales y en nombre propio de nuestros
detractores, y porque es una manera de amedrentar a quienes encaramos sin
capuchas la vocería de los procesos políticos que buscan nuestra justicia
social.
Seguiré dinamitando a la mentira,
bombardeando con mi trabajo periodístico a las estructuras de un sistema que
tiene al mundo movilizado en su contra, y amplificando las voces de quienes
quieren una Colombia y un mundo mejor.
Fredy Muñoz Altamiranda – octubre 17 de
2012
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