Más que en otros ejemplos históricos, las clases
medias gravitan sobre el curso y eventual desenlace de la Revolución
Bolivariana. La oligarquía intentó engañarlas diciéndoles que si
avanzaba el socialismo se quedarían sin carro, casa ni negocio. Pero a
mediados de 2010 se demostró que quienes habían dejado sin casa, carro
ni dinero a miles de familias eran los acérrimos opositores de la
Revolución Bolivariana.
Una investigación periodística de Venezolana de Televisión sobre el quiebre fraudulento del Banco Federal permitió descubrir y revelar todo el entramado mafioso y estafador que sustenta a la burguesía local.
Uno de los empresarios más enaltecidos y promovidos por las corporaciones mediáticas fue Nelson Mezerhane, dueño de Globovisión y del Banco Federal. Tan sólo en la última semana de diciembre de 2009 Mezerhane sacó de Venezuela más de 720 millones de dólares a cuentas propias en el extranjero y provocó la quiebra fraudulenta del Banco Federal. Él escapó a Miami argumentando ser un perseguido político, mientras dejó en Venezuela a más de millón y medio de familias estafadas.
Entre ese océano de víctimas de Mezerhane está Edmundo Villalba, un hombre que ganó 5 millones de bolívares fuertes en un juego de lotería y los depositó por completo en el Banco Federal. Nunca imaginó que Mezerhane huiría del país con todo su dinero y con el de millones de venezolanos más.
Estafa inmobiliaria
Mezerhane no sólo robó el dinero de casi un millar de venezolanos, sino que también dejó literalmente en la calle a 210 familias, todos compradores del Conjunto Residencial La Avileña. Se trata de una obra a cargo de la empresa Estructec, del sobrino de Nelson Mezerhane, que a su vez estaba financiada por el Banco Federal. A los compradores se les exigía solicitar créditos personales únicamente en el Banco Federal para poder acceder a la opción a compra, en lugar de darles la opción de solicitar créditos habitacionales en cualquier otro Banco universal, como lo establece la ley.
Además, les cobraran intereses de más de 20%, el doble de lo estipulado en la ley, y se les presionó para que recibieran en sus cuentas un crédito de más de 300 mil bs, que no habían solicitado, para dárselo a la constructora de Mezerhane y finalizar la obra. Nadie les dijo que ante la Superintendencia de Bancos quedarían ellos como deudores del crédito y no la constructora.
Por si esto fuera poco, la obra llevaba casi un año paralizada y nadie les daba respuesta. Nunca se las darían. Ya para julio de 2010 Mezerhane había huido del país y estas 210 familias habían quedado sin vivienda, sin dinero y con una deuda millonaria ante Sudeban.
El modus operandi de la estafa inmobiliaria era un secreto a voces: captar recursos mediante ofertas engañosas, desviar este dinero hacia compra y venta de dólares en el mercado permuta o construir en países como Panamá, luego retrasar la obra para cobrar ilegalmente el Índice de Precios al Consumidor, y por último, extorsionar a los compradores para firmar un nuevo contrato. Esto les permitía establecer nuevos montos, que incluso triplicaban el precio inicial y los exoneraba por incumplimiento de la fecha de entrega o demandas por usura, estafa o especulación.
Las constructoras que estafaron a miles de familias, en su mayoría de clase media, fueron las mismas que recibieron créditos de fondos del Estado, con bajísimos intereses de pago, para construir viviendas de interés social. Tras miles de denuncias, el Gobierno Bolivariano tomó medidas penales y administrativas contra esta empresas constructoras, única vía para que los damnificados recuperaran la vivienda que ya habían pagado.
La tergiversación y la manipulación de las empresas mediáticas no se hizo esperar. Pero lo que nunca dijeron estos medios es que detrás de la masiva estafa inmobiliaria estaba Mezerhane, junto a los dueños del antiguo Banco Latino, Domingo Plaz Castillo y María Corina Machado, ambos fundadores de la ONG Súmate, que recibe dinero de la Usaid para enfrentar la Revolución.
La estafa programada de carros
Pocos meses después se destapó otra olla. Esta vez eran centenares de familias estafadas con la venta programada de vehículos. Una de las empresas más denunciada fue Autoenmano, que se dedicaba a ofrecer ventas rápidas de vehículos solicitando el dinero por adelantado. Luego desaparecían. Esta empresa era propiedad de Andrés Ayala, el mismo dirigente de la organización Manos por la libertad, que en 2007 intentó desestabilizar el país como forma de protesta por la no renovación de la concesión a Rctv.
Estas denuncias fueron atendidas de inmediato por el gobierno bolivariano. Hasta ahora se les ha devuelto su dinero a casi la totalidad de ahorristas del Banco Federal, se reformó la Ley de Bancos para que los banqueros no sean dueños de medios de comunicación, el Gobierno culminó el conjunto residencial La Avileña y hoy las 210 familias viven en los apartamentos que pagaron y casi pierden. Las otras miles de familias estafadas por las inmobiliarias hoy tienen sus casos resueltos o al menos bien encaminados. Varios de los estafadores inmobiliarios fueron encarcelados, con cuentas y bienes congelados, mientras que otros huyeron del país. El dueño de la empresa Autoenmano está tras las rejas y tuvo que indemnizar al centenar de estafados.
La eterna campaña de mentiras, miedo y zozobra con la que juega la oposición venezolana no termina de calar en la clase media, porque precisamente estas familias han vivido en carne propia los desmanes del capitalismo.
Una investigación periodística de Venezolana de Televisión sobre el quiebre fraudulento del Banco Federal permitió descubrir y revelar todo el entramado mafioso y estafador que sustenta a la burguesía local.
Uno de los empresarios más enaltecidos y promovidos por las corporaciones mediáticas fue Nelson Mezerhane, dueño de Globovisión y del Banco Federal. Tan sólo en la última semana de diciembre de 2009 Mezerhane sacó de Venezuela más de 720 millones de dólares a cuentas propias en el extranjero y provocó la quiebra fraudulenta del Banco Federal. Él escapó a Miami argumentando ser un perseguido político, mientras dejó en Venezuela a más de millón y medio de familias estafadas.
Entre ese océano de víctimas de Mezerhane está Edmundo Villalba, un hombre que ganó 5 millones de bolívares fuertes en un juego de lotería y los depositó por completo en el Banco Federal. Nunca imaginó que Mezerhane huiría del país con todo su dinero y con el de millones de venezolanos más.
Estafa inmobiliaria
Mezerhane no sólo robó el dinero de casi un millar de venezolanos, sino que también dejó literalmente en la calle a 210 familias, todos compradores del Conjunto Residencial La Avileña. Se trata de una obra a cargo de la empresa Estructec, del sobrino de Nelson Mezerhane, que a su vez estaba financiada por el Banco Federal. A los compradores se les exigía solicitar créditos personales únicamente en el Banco Federal para poder acceder a la opción a compra, en lugar de darles la opción de solicitar créditos habitacionales en cualquier otro Banco universal, como lo establece la ley.
Además, les cobraran intereses de más de 20%, el doble de lo estipulado en la ley, y se les presionó para que recibieran en sus cuentas un crédito de más de 300 mil bs, que no habían solicitado, para dárselo a la constructora de Mezerhane y finalizar la obra. Nadie les dijo que ante la Superintendencia de Bancos quedarían ellos como deudores del crédito y no la constructora.
Por si esto fuera poco, la obra llevaba casi un año paralizada y nadie les daba respuesta. Nunca se las darían. Ya para julio de 2010 Mezerhane había huido del país y estas 210 familias habían quedado sin vivienda, sin dinero y con una deuda millonaria ante Sudeban.
El modus operandi de la estafa inmobiliaria era un secreto a voces: captar recursos mediante ofertas engañosas, desviar este dinero hacia compra y venta de dólares en el mercado permuta o construir en países como Panamá, luego retrasar la obra para cobrar ilegalmente el Índice de Precios al Consumidor, y por último, extorsionar a los compradores para firmar un nuevo contrato. Esto les permitía establecer nuevos montos, que incluso triplicaban el precio inicial y los exoneraba por incumplimiento de la fecha de entrega o demandas por usura, estafa o especulación.
Las constructoras que estafaron a miles de familias, en su mayoría de clase media, fueron las mismas que recibieron créditos de fondos del Estado, con bajísimos intereses de pago, para construir viviendas de interés social. Tras miles de denuncias, el Gobierno Bolivariano tomó medidas penales y administrativas contra esta empresas constructoras, única vía para que los damnificados recuperaran la vivienda que ya habían pagado.
La tergiversación y la manipulación de las empresas mediáticas no se hizo esperar. Pero lo que nunca dijeron estos medios es que detrás de la masiva estafa inmobiliaria estaba Mezerhane, junto a los dueños del antiguo Banco Latino, Domingo Plaz Castillo y María Corina Machado, ambos fundadores de la ONG Súmate, que recibe dinero de la Usaid para enfrentar la Revolución.
La estafa programada de carros
Pocos meses después se destapó otra olla. Esta vez eran centenares de familias estafadas con la venta programada de vehículos. Una de las empresas más denunciada fue Autoenmano, que se dedicaba a ofrecer ventas rápidas de vehículos solicitando el dinero por adelantado. Luego desaparecían. Esta empresa era propiedad de Andrés Ayala, el mismo dirigente de la organización Manos por la libertad, que en 2007 intentó desestabilizar el país como forma de protesta por la no renovación de la concesión a Rctv.
Estas denuncias fueron atendidas de inmediato por el gobierno bolivariano. Hasta ahora se les ha devuelto su dinero a casi la totalidad de ahorristas del Banco Federal, se reformó la Ley de Bancos para que los banqueros no sean dueños de medios de comunicación, el Gobierno culminó el conjunto residencial La Avileña y hoy las 210 familias viven en los apartamentos que pagaron y casi pierden. Las otras miles de familias estafadas por las inmobiliarias hoy tienen sus casos resueltos o al menos bien encaminados. Varios de los estafadores inmobiliarios fueron encarcelados, con cuentas y bienes congelados, mientras que otros huyeron del país. El dueño de la empresa Autoenmano está tras las rejas y tuvo que indemnizar al centenar de estafados.
La eterna campaña de mentiras, miedo y zozobra con la que juega la oposición venezolana no termina de calar en la clase media, porque precisamente estas familias han vivido en carne propia los desmanes del capitalismo.
Karen Méndez
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